
Un SAFT (Simple Agreement for Future Tokens) es un acuerdo contractual utilizado por proyectos de criptomonedas para recaudar fondos en fases iniciales. Los inversores aportan capital por adelantado y, a cambio, el proyecto entrega los tokens en una fecha posterior, una vez que se cumplen condiciones predefinidas (habitualmente en el lanzamiento de la red y la emisión de tokens, conocido como TGE (Token Generation Event)).
A diferencia de la inversión en equity, un SAFT otorga derechos sobre futuros tokens, no sobre participaciones de la empresa. Se utiliza principalmente en rondas privadas de financiación, con contratos que especifican el precio o el descuento del token, los plazos de entrega, el calendario de vesting y los mecanismos de liberación. Así, los inversores reservan el derecho a recibir tokens futuros y los obtienen en lotes conforme el proyecto alcanza hitos clave.
El SAFT se diseñó para resolver retos regulatorios y operativos asociados a la captación de fondos mediante ICO en fases tempranas. Al separar la recaudación de la entrega de tokens y establecer condiciones claras y marcos de cumplimiento, el SAFT aporta mayor estructura. Introducido en 2017 por juristas y equipos de proyectos, el modelo busca un mayor alineamiento con la normativa de valores y reducir los riesgos de vender tokens incompletos al público.
En EE. UU., los reguladores aplican el “Howey Test” para determinar si una oferta es un valor. Los SAFT suelen venderse en colocaciones privadas a inversores acreditados, minimizando riesgos de cumplimiento frente a ofertas públicas. Los proyectos también utilizan contratos SAFT para vincular la entrega de tokens a hitos de desarrollo y calendarios de vesting, mitigando riesgos de mercado y seguridad por circulación prematura. Desde 2024, la regulación global es más homogénea, con el marco MiCA de la UE desplegando requisitos graduales para la emisión y divulgación de tokens.
El proceso habitual de un SAFT incluye la firma del acuerdo, la transferencia de fondos, el desarrollo del proyecto y, posteriormente, la distribución de tokens si se cumplen las condiciones desencadenantes. El disparador más común es el TGE: cuando se lanza el mainnet o el contrato del token y comienza la distribución.
El cumplimiento normativo es esencial, incluyendo controles KYC (Know Your Customer) y AML (Anti-Money Laundering) sobre los inversores, así como la firma de documentación de colocación privada. La entrega de tokens sigue normalmente un calendario de vesting en vez de una liberación inmediata, por ejemplo, un “cliff period” de seis meses seguido de liberaciones mensuales lineales durante 18 meses.
Si el proyecto se retrasa o no cumple hitos, el contrato prevé remedios como aplazamiento de la entrega, revisión de calendarios o, en casos extremos, terminación y renegociación. Dado que los términos varían significativamente entre proyectos, es imprescindible realizar una diligencia debida exhaustiva antes de firmar.
Las principales cláusulas de un contrato SAFT suelen ser: importe de la inversión, precio del token o descuento, condiciones de entrega (como el TGE), calendario de vesting y liberación, legislación aplicable y mecanismos de resolución de disputas, restricciones de transferencia y requisitos de información y reporte.
La diferencia esencial entre SAFT y SAFE radica en lo que se entrega. SAFE (Simple Agreement for Future Equity) otorga a los inversores derechos sobre equity o derechos relacionados, generalmente activados por rondas de financiación posteriores o eventos de liquidez; el SAFT entrega tokens futuros en el TGE bajo términos predefinidos.
El SAFE parte de la financiación tradicional de startups, centrado en topes de valoración, descuentos y conversión en equity; el SAFT se enfoca en el precio o descuento del token, calendario de vesting y condiciones de lanzamiento de red. Ambos acuerdos pueden coexistir en un proyecto (SAFE para operaciones corporativas y SAFT para la economía del token), pero cada uno implica derechos y riesgos distintos.
La mayoría de los SAFT están reservados a inversores cualificados, que deben cumplir criterios de elegibilidad y completar controles de cumplimiento. Los usuarios minoristas normalmente no acceden directamente a rondas privadas, aunque pueden seguir ventas públicas o listados para encontrar oportunidades.
Paso 1: Verificar la cualificación de inversor. Algunas jurisdicciones exigen umbrales de ingresos/activos o verificación institucional para acceder a exenciones de colocación privada.
Paso 2: Completar KYC/AML. Presentar documentación de identidad y prueba de fondos para la revisión de cumplimiento.
Paso 3: Revisar los términos del contrato. Prestar atención al precio/descuentos del token, calendario de vesting/liberación, condiciones de entrega, legislación aplicable y resolución de disputas.
Paso 4: Organizar la financiación y custodia. Confirmar la moneda de pago (fiat o stablecoin), el proceso de liquidación y las condiciones de custodia para mitigar riesgos operativos.
Paso 5: Seguir hitos y TGE. Consultar los canales oficiales del proyecto para actualizaciones, reclamar tokens en el TGE según el contrato y gestionar las liberaciones posteriores.
En la práctica, los usuarios minoristas pueden seguir ventas públicas o listados en exchanges para obtener información transparente sobre rondas privadas y calendarios de desbloqueo. Por ejemplo, la página Startup de Gate publica la asignación de tokens, el precio de venta pública y el calendario de vesting, permitiendo comparar los términos privados con las expectativas de mercado.
Los SAFT deben cumplir la normativa de valores y prevención de blanqueo de capitales de la jurisdicción aplicable. En EE. UU., las vías habituales son Reg D (exención de colocación privada para inversores acreditados) y Reg S (ofertas internacionales), ambas exigiendo controles KYC/AML a los inversores.
En la UE, MiCA se ha implantado progresivamente desde 2024, con requisitos claros para la emisión de tokens, whitepapers y divulgaciones. Otras regiones también están ajustando su regulación. Es relevante destacar que usar un SAFT no exime automáticamente a los tokens de ser considerados valores: la decisión final depende de la funcionalidad, el método de emisión y el uso práctico del token.
Equipos de proyectos e inversores deben consultar a profesionales legales para definir la estrategia de cumplimiento, conservar la documentación de divulgación y establecer mecanismos de reporte que minimicen riesgos legales y operativos.
El precio de un SAFT suele referenciar el FDV (Fully Diluted Valuation) o el precio público, equilibrando riesgo y recompensa a través de descuentos y condiciones de vesting. El FDV refleja el valor total si todos los tokens estuvieran en circulación (precio del token multiplicado por el suministro total).
Ejemplo: Un proyecto con 1 000 millones de tokens fija el precio público en 0,0625 $ por token. El SAFT privado ofrece un 20 % de descuento (0,05 $ por token), con vesting de 24 meses: cliff de seis meses y liberaciones mensuales durante 18 meses. Si el precio de mercado cae por debajo de 0,05 $ tras el TGE y el vesting es largo, los retornos pueden reducirse; si el precio supera el público y el proyecto crece de forma sostenida, el vesting prolongado ayuda a dispersar la presión vendedora.
Las divulgaciones públicas en exchanges (como la plataforma Startup de Gate) muestran asignaciones de tokens y calendarios de desbloqueo. Evaluar descuentos y mecanismos de liberación aporta una visión más completa que analizar solo el precio.
Los principales riesgos de los SAFT son la incertidumbre regulatoria, retrasos o fallos en la entrega, volatilidad del mercado, riesgos de contraparte y operativos, liquidez limitada y tratamientos fiscales diversos.
El SAFT es una estructura contractual común para la financiación de proyectos cripto en fases iniciales, permitiendo “recaudar ahora y entregar tokens después”. A diferencia del SAFE (que otorga equity), el SAFT entrega tokens bajo condiciones definidas tras hitos como el TGE. El proceso implica comprobación del inversor, firma de acuerdos con revisiones KYC/AML, espera del TGE y posterior reclamación de tokens según el calendario de vesting. El precio suele vincularse al precio público o al FDV con descuentos; los riesgos principales son el cumplimiento normativo, la incertidumbre en la entrega, la evolución del mercado y las restricciones de liquidez. Los inversores minoristas que no acceden a rondas privadas pueden seguir ventas públicas en plataformas como Gate para información transparente sobre desbloqueos, lo que permite evaluar el perfil riesgo/recompensa antes de participar.
SAFT (Simple Agreement for Future Tokens) y SAFE (Simple Agreement for Future Equity) son instrumentos de financiación, pero mientras el SAFT está diseñado para proyectos cripto (entrega futuros tokens), el SAFE se usa en startups que buscan equity. Los contratos SAFT incluyen términos sobre distribución de tokens y ciclos de liberación; los SAFE son más flexibles y sencillos. La elección depende de si el proyecto emitirá tokens.
El momento de entrega lo marca el contrato SAFT, normalmente tras el listado oficial de los tokens en exchanges. El proceso habitual es: compra del SAFT → cierre de la recaudación → emisión de tokens → conversión automática según contrato. Los plazos varían por proyecto; es esencial revisar la cláusula de “entrega de tokens”.
La mayoría de rondas SAFT exigen criterios estrictos de elegibilidad, normalmente reservadas a inversores acreditados como instituciones o grandes patrimonios; la participación minorista es poco común. Incluso cuando es posible, la verificación KYC es obligatoria y algunas jurisdicciones exigen cumplir la normativa local de valores. Utiliza plataformas como Gate para información actualizada sobre políticas de captación y evita canales no autorizados.
Los riesgos principales son: (1) Fracaso del proyecto—el equipo puede incumplir tras recaudar fondos y no entregar tokens; (2) Depreciación del token—aunque recibas los tokens, la caída de precios puede provocar pérdidas; (3) Riesgos regulatorios—algunas regiones prohíben la captación vía SAFT. Analiza siempre los equipos, revisa la transparencia de los términos y valora tu tolerancia al riesgo antes de invertir.
Por lo general, no: la mayoría de contratos SAFT incluyen “lockup periods” que obligan a mantener los tokens antes de negociar (normalmente de 3 a 12 meses). Esta medida estabiliza el precio al evitar ventas masivas a corto plazo de los primeros inversores. Comprueba siempre la duración del lockup antes de invertir: es un factor clave en tu decisión.


