El Salvador acaba de cambiar su postura sobre Bitcoin. Lo que una vez fue un requisito obligatorio de moneda de curso legal se redujo a través de negociaciones con el FMI, pero aquí está la parte interesante: el gobierno en realidad mantiene todas sus participaciones en BTC. Así que no es una retirada total, sino más bien un cambio estratégico. Se alejaron del impulso ideológico hacia algo más práctico. El país todavía posee el Bitcoin que acumuló, solo han hecho que su uso sea voluntario para ciudadanos y empresas. Un estudio de caso sobre cómo evoluciona la política cuando las instituciones financieras globales entran en la conversación.