Una coalición de defensores de los contribuyentes ha intensificado su desafío ante la Corte Suprema, argumentando que las sanciones financieras excesivas impuestas para saldar deudas pendientes violan las protecciones constitucionales contra sanciones desproporcionadas. El grupo sostiene que los mecanismos de ejecución actuales van más allá de las prácticas razonables de cobro de deudas, planteando dudas sobre la proporcionalidad y el debido proceso. Este caso podría establecer precedentes importantes sobre cómo las agencias gubernamentales manejan los acuerdos de deuda y las estructuras de sanciones. Para la comunidad de Web3 y el sector financiero en general, comprender estos límites constitucionales en torno a sanciones y ejecuciones es cada vez más relevante a medida que los reguladores perfeccionan los marcos de cumplimiento.