Pruebas de colapso de Knaken sacuden la supervisión criptográfica neerlandesa bajo MiCA

• El Tribunal de Distrito de Róterdam dictaminó que Knaken ya no podía cumplir sus obligaciones con los clientes.
• Los fiscales holandeses intervinieron en interés público después de que la plataforma bloqueó el acceso de los usuarios.
• La quiebra llega cuando los requisitos de licenciamiento de MiCA están reconfigurando el mercado cripto europeo.
• Una investigación criminal paralela examina posibles irregularidades financieras.

El tribunal detecta un déficit de activos de varios millones de euros **El Tribunal de Distrito de Róterdam declaró en quiebra a Knaken Cryptohandel **B.V. y a su entidad de pagos afiliada, Stichting Knaken Payments, el 16 de julio, al concluir que la empresa enfrentaba un déficit sustancial entre las obligaciones con los clientes y los activos disponibles. Según el fallo, aproximadamente €7 millones ($8 millones) en fondos de clientes y activos digitales no pueden justificarse. El tribunal dijo que los usuarios no fueron informados del déficit antes de que la plataforma suspendiera sus servicios. La quiebra pone el control de los activos restantes de Knaken, los registros y la administración financiera en manos de un administrador judicial independiente designado por el tribunal, que será responsable de verificar los créditos de los acreedores y supervisar el proceso de liquidación. El Ministerio Público tomó el paso inusual de solicitar la quiebra A diferencia de la mayoría de los casos de insolvencia, la petición de quiebra fue presentada por la Oficina del Ministerio Público holandés (Openbaar Ministerie) en lugar de los acreedores o la propia empresa. Los fiscales argumentaron que era necesaria una intervención pública después de que Knaken cerró su plataforma de trading, su sitio web y sus aplicaciones móviles, dejando a los clientes sin posibilidad de acceder a la información de la cuenta necesaria para proteger sus intereses legales. El tribunal también criticó a la empresa por desincentivar a los usuarios a emprender acciones legales mientras el acceso a las cuentas de clientes permanecía inhabilitado. El fiscal citó varios factores detrás de la intervención:

• Alrededor de 30.000 clientes perdieron el acceso a la plataforma.
• Los usuarios no podían verificar los saldos de las cuentas ni el historial de transacciones.
• Los clientes carecían de información suficiente para iniciar por sí mismos los procedimientos de insolvencia.
• El tribunal consideró que era necesaria la figura de un administrador independiente para garantizar un acuerdo ordenado.

MiCA revela problemas más profundos Knaken dejó de operar a principios de junio después de no lograr obtener autorización bajo el marco de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea. Con las nuevas reglas, los proveedores de servicios cripto que operen en los Países Bajos deben recibir la aprobación de la Autoridad Holandesa para los Mercados Financieros (AFM). Sin una licencia, Knaken detuvo el trading, una medida que en última instancia puso en evidencia la brecha entre las obligaciones con los clientes y los activos disponibles. La empresa sostuvo que los activos ya congelados por las autoridades, junto con sus acuerdos de custodia, le permitirían gestionar las devoluciones de forma independiente. El tribunal rechazó esa propuesta y concluyó que solo un administrador de quiebras independiente podría proteger los intereses de los acreedores.

La investigación criminal continúa Los procedimientos de quiebra se desarrollan junto con una investigación criminal liderada por el Servicio de Información y Fiscalización de Información Fiscal de los Países Bajos (FIOD). Los investigadores registraron las instalaciones de la empresa y confiscaron dispositivos digitales, registros empresariales y activos corporativos restantes como parte de una indagación sobre posibles fraudes, apropiación indebida o blanqueo de dinero. A mediados de julio no se habían anunciado detenciones. Para los clientes, la prioridad inmediata es el proceso de reclamaciones. El administrador judicial designado por el tribunal establecerá el procedimiento para presentar reclamaciones, pero el déficit confirmado de 7 millones de euros en activos significa que las recuperaciones probablemente dependerán del valor de los activos restantes y del resultado de la investigación en curso, por lo que la restitución total es incierta.