El Departamento del Tesoro de EE. UU. clasifica formalmente a los emisores de stablecoins como “instituciones financieras”, exigiéndoles cumplir con la Ley de Secreto Bancario y aplicar regulaciones contra el lavado de dinero. Además, el responsable de cumplimiento normativo del emisor debe ser un residente de EE. UU. sin antecedentes penales.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. dio ayer (4/8) un paso clave hacia adelante en materia de regulación. La FinCEN (Oficina de Control de Delitos Financieros) y la OFAC (Oficina de Control de Activos en el Extranjero), bajo su jurisdicción, emitieron conjuntamente una norma propuesta con el objetivo de implementar de forma integral la Ley GENIUS aprobada en julio de 2025.
El núcleo de esta estructura de supervisión consiste en definir a los “emisuores de stablecoins de pago permitidos” (PPSIs) como “instituciones financieras” dentro del alcance de la Ley de Secreto Bancario (BSA). El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, indicó de manera explícita en un comunicado que el objetivo principal de esta propuesta es proteger el sistema financiero estadounidense de amenazas a la seguridad nacional, al mismo tiempo que garantiza que las empresas estadounidenses puedan mantener de forma continua su competitividad en el ecosistema de pagos con stablecoins.
El impulso de este proyecto legislativo refleja la ambición del gobierno de Trump de convertir a EE. UU. en el líder mundial de activos digitales y también muestra la postura firme de las autoridades frente a la defensa de la seguridad nacional.
De acuerdo con esta nueva norma propuesta, los emisores de stablecoins asumirán responsabilidades legales equivalentes a las de los bancos tradicionales. Los emisores deben establecer un plan integral contra el lavado de dinero (AML) y para combatir la financiación del terrorismo (CFT), y contar con la capacidad de detectar y reportar de forma proactiva actividades sospechosas. La nueva norma exige con claridad que, a nivel técnico, los emisores posean la autoridad de “interceptar, congelar y rechazar” transacciones específicas, para poder detener flujos de fondos relacionados con personas vinculadas a actividades ilegales en respuesta a solicitudes de las autoridades de aplicación de la ley.
El CEO de la empresa de inteligencia blockchain Nominis, Snir Levi, señaló que esta transformación convierte a los emisores en guardianes tipo “puerta de enlace” similares a los bancos, y que en el futuro habrá acciones de congelación de carteras, interceptación de transacciones y embargo de activos a mayor escala.
El Tesoro considera que estas obligaciones son “a medida” y acordes con el propósito. La entidad oficial ajustará los estándares según el tamaño del emisor y la complejidad de su negocio, intentando lograr un equilibrio entre combatir el crimen y promover el desarrollo tecnológico, a fin de evitar imponer una carga administrativa excesiva a la industria.
Para garantizar que el plan de cumplimiento se implemente de manera efectiva, la propuesta establece umbrales estrictos para la asignación de personal en los emisores. En el futuro, los emisores de stablecoins deberán designar personal dedicado para encargarse del sistema de defensa contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Este responsable debe residir dentro de EE. UU., y queda terminantemente prohibido que personas con antecedentes penales por delitos como operaciones con información privilegiada, delitos informáticos o fraudes financieros ocupen este cargo. Además del Departamento del Tesoro, la FDIC (Corporación Federal de Seguros de Depósitos) y la OCC (Oficina del Contralor de la Moneda) también han publicado sucesivamente disposiciones de implementación relacionadas.
FDIC aclaró especialmente en la propuesta que, aunque los depósitos de reservas de los emisores de stablecoins estarán protegidos, los titulares individuales de stablecoins no estarán cubiertos por el seguro federal de depósitos. El vicepresidente senior de la agencia de calificación Moody’s, Warren Kornfeld, analiza que, si estas disposiciones se implementan por completo, se establecerá dentro del sistema bancario un ecosistema de efectivo digital estratificado, y la línea entre bancos tradicionales y activos digitales se superpondrá aún más.
Con la Ley GENIUS prevista para entrar en vigor de manera integral en 2027, grandes emisores como Tether, Circle, Ripple y World Liberty Financial, vinculada a la familia Trump, esperan la definición de las disposiciones finales. A pesar del aumento de la presión regulatoria, en la industria se considera de manera general que la claridad normativa ayudará a que los activos de stablecoin avancen hacia el mercado general. Según las proyecciones del informe de Chainalysis, para 2035 el volumen anual de transacciones de stablecoins podría dispararse hasta 1.500 billones de USD.
Fuente de la imagen: Chainalysis; Chainalysis predice que para 2035 el volumen anual de transacciones de stablecoins podría dispararse hasta 1.500 billones de USD
Sin embargo, la pugna política no se detiene. El debate en el Senado sobre la Ley CLARITY sigue estancado. El Comité de Asesores Económicos de la Casa Blanca se opone a la prohibición de los ingresos por stablecoins, argumentando que la prohibición no ayudaría a proteger los préstamos bancarios, sino que aumentaría los costos para los usuarios.
En cuanto a la situación internacional, Irán anunció recientemente su plan de cobrar una tasa de peaje de 1 USD en bitcoin ($BTC) por cada barril a los petroleros que atraviesen el Estrecho de Ormuz, como forma de eludir las sanciones. Este tipo de riesgo financiero ilegal derivado de conflictos geopolíticos impulsa al Departamento del Tesoro de EE. UU. a acelerar la creación de un mecanismo de control estricto mediante la Ley GENIUS.
Lectura adicional
Investigación de la Casa Blanca: prohibir los intereses de las stablecoins casi no sirve para proteger los préstamos bancarios; por el contrario, perjudica a los consumidores
¡Abierto el Estrecho de Ormuz! Irán exige pagar los peajes con bitcoin; el Golfo Pérsico sigue en “atasco de barcos”
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